Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo

El   documento de validez oficial de observancia obligatoria mediante el cual la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) hace constar que los vehículos y motores nuevos cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, para determinar que respeten los límites máximos permisibles de emisiones de gases, partículas, hidrocarburos evaporativos, la opacidad de humo y ruido, es el Certificado NOM de Cumplimiento Ambiental. [2] Documento que es intransferible, expedido por líneas de vehículos automotores y año-modelo, únicamente se otorga a fabricantes e importadores mexicanos, así como de otros países con los que el gobierno haya suscrito algún acuerdo, convenio o tratado comercial. Debe obtenerse antes de la importación definitiva o comercialización en el territorio nacional de vehículos nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 kilogramos y que utilizan gasolina de petróleo, gas natural o diésel como combustible.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y operativa, facultado para realizar auditorías ambientales. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece la creación del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), en el que voluntariamente, productores, empresas u organizaciones empresariales someten a revisión sus procesos para evaluar qué tanta contaminación producen, el riesgo que generan, el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental, así como buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente [1] . En ese tenor, la PROFEPA otorga 3 certificados ambientales, con vigencia de 2 años, de acuerdo con el tipo de empresa de que se trate, como se muestra a continuación: [2] Las auditorías ambien

El Derecho Fiscal Internacional es la rama jurídica especializada que rige aquellas situaciones en las cuales resulten aplicables los ordenamientos tributarios de dos o más Estados. La concurrencia simultánea de dos diversas potestades impositivas en relación con idéntico presupuesto ha venido incrementándose fundamentalmente por la realización de operaciones e inversiones en países diferentes al lugar donde residen quienes las llevan a cabo y ante la diferencia de criterios de sujeción al sistema tributario utilizados por cada entidad soberana. Es así que el mundo de la tributación se ha globalizado más allá de territorios y fronteras, por lo que el especialista en este tema tiene la obligación de estudiar los diferentes instrumentos a través de los cuales se armonizan las facultades de los estados en aras de evitar, respecto a una misma fuente gravable, la doble o múltiple imposición, y así, proscribir   los efectos nocivos que estos fenómenos tienen sobre las economías i

Después de un arduo trabajo de poco más de dos años, sin contar el período previo a la conformación del Plan BEPS de 2013, finalmente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el pasado 5 de octubre el paquete definitivo de medidas para enfrentar esta problemática, donde fueron refrendados los ejes en torno a los cuales se le dará atención, a saber: [1] v Dar coherencia a las normas de Derecho interno destinadas a regular operaciones que se verifican de modo transfronterizo v     Reforzar los requisitos de actividad sustancial para establecer la conexión entre los tributos y el lugar de realización de las actividades económicas y de creación de valor, de acuerdo con estándares internacionales v   Mejorar la transparencia y seguridad jurídica para contribuyentes y administraciones fiscales Este paquete de medidas dio origen a 15 trabajos que corresponden a igual número de acciones detectadas en el plan de acción de hace dos años, desta