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XXVI CONGRESO NACIONAL DE MAGISTRADOS TFJA

XXVI CONGRESO NACIONAL DE MAGISTRADOS TFJA[1]

El 24 y 25 de agosto, en la Ciudad de Querétaro, al interior del emblemático “Teatro de la República”, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo tema central en esta ocasión fue: “Hacia un Código Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos”.
A continuación, presentamos al lector la transcripción de las palabras inaugurales pronunciadas por el Magistrado Carlos Chaurand Arzate, Presidente de este Órgano Jurisdiccional:

Distinguido presídium:

¡Es un gran honor estar en este Teatro de la República! Hace 100 años, aquí, se pusieron las bases para enfrentar el futuro bajo las premisas de igualdad, libertad, prosperidad y justicia social.

Ha transcurrido un siglo desde que un puñado de mexicanos, provenientes de toda la Nación, con actividades y profesiones diversas, y dueños de creencias y convicciones plurales, se congregó en este recinto. Vinieron con un claro encargo de sus electores: Hacer una constitución a la medida de la coyuntura histórica de 1917.

¡Qué orgullo estar en la gran Ciudad de Querétaro, cuna de nuestra Carta Magna! En este lugar damos inicio a nuestra Vigésima Sexta Convención Anual que tradicionalmente ha sido fuente de experiencias y aportaciones valiosas, y que hoy, bajo los mejores augurios, habrá de superar nuestras expectativas. Sin duda, este es el mejor ambiente para hacer propicio el éxito de nuestros debates y generar una franca camaradería y un espíritu de cooperación.

Las propuestas que aquí se hagan, enriquecerán nuestro trabajo para el mejor funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las Magistradas y los Magistrados aquí presentes, optamos por Querétaro, en primer lugar, porque es nuestro deseo rendir homenaje a nuestra Constitución Política con motivo de su Centenario.

Pero hay otra razón de gran peso para este encuentro de colegas y amigos aquí reunidos: nuestra Ley Suprema es un referente jurídico, libre de interpretaciones políticas y la única matriz legítima de nuestra función jurisdiccional. Solo a ella debemos remitirnos como garantía de seguridad jurídica, de supremacía legal y fuente indudable de certeza. Este es el verdadero homenaje que hoy venimos a rendir a la Constitución de 1917, a 100 años de su vigencia.

Sólidamente estructurada desde su origen, reúne principios universales de conducta pública y reglas generales que facilitan la legislación y los cambios.
Todo ello sin alterar el espíritu del principio de Supremacía Constitucional, se idearon dispositivos que facilitaran reformas constitucionales modernizadoras, para cada época. Gracias a ellas hemos podido transitar 100 años sin conflicto grave ni rupturas institucionales. Cada una de estas reformas ha sido obra de una voluntad soberana, representada en un Congreso General y en los Congresos de las entidades federativas; todos, investidos de pluralidad y legitimidad política.

Recientemente, el Estado mexicano a través de su gobierno impulsó una profunda reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, mediante la cual se modificaron leyes y se transformaron instituciones para combatir el flagelo que hoy erosiona las bases de legalidad, legitimidad y funcionalidad del Estado de Derecho. No podemos estar ajenos a estos hechos.

La creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa asume una nueva y grave responsabilidad para combatirla. Ni la mano de hierro, ni las sanciones draconianas van a terminar con este fenómeno. Todos debemos actuar para evitar esta inercia de la corrupción con acciones concreta.

El Tribunal, del cual formamos parte, tiene una trayectoria histórica también reconocida. Ahora, con las reformas constitucionales nuestro trabajo crece en dimensión y también en complejidad. El sentido de estas Convenciones solo puede encontrarse en un deseo sincero de cambiar lo que no funciona, de transformar prácticas rutinarias, de generar iniciativas particulares y claro, una iniciativa colegiada para renovar el régimen jurídico que nos regula. Se trata de un proceso dilatado y pulcro, pero al mismo tiempo tenemos apremios que resolver y reconocer.

La tecnología, materialmente está avasallando todo proceso de servicio público, de información, de consulta, de divulgación, hasta llegar a los juicios en línea. No podemos cerrar los ojos a esta realidad. La sociedad presiona, el mismo Estado se ve obligado a crear mecanismos de presión para diligenciar toda gestión pública y hacer más eficiente a sus instituciones.

Amigas y amigos Magistrados:

Les pido que sea esta realidad la que veamos en los trabajos de esta XXVI Convención, y con el mismo espíritu renovador de los Constituyentes, trabajar en un proyecto de legislación adjetiva que se anticipe al futuro y sea capaz de ver las necesidades que tiene la sociedad para acudir a este Tribunal en demanda de justicia. Un Código que sea exigente en evitar las reiteraciones, las duplicidades, la multiplicidad de candados y que se acompase mejor a la era innovadora que vivimos.

Tenemos fundadas esperanzas en que este orden jurídico, por su eficacia probada y por la simplificación de sus propuestas, responda mejor a las expectativas de los justiciables y pueda convertirse el día de mañana en una ley federal. Creo que hoy, el reto de los juristas es preservar la legalidad dentro de la simplificación. No hay otra manera de modernizar el Derecho y, al mismo tiempo, mantener nuestra fe y confianza en la Constitución.

¡Muchas gracias!










[1] Se agradece a la C. María de los Ángeles González González, la ubicación de la información con la que se elaboró la presente sección.

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